El Gobierno Nacional anunció que descontará el día no trabajado a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional del 24 de enero convocado por la principal central sindical en contra de las reformas económicas y laborales que promueve el presidente Javier Milei, lo que ha generado las primeras reacciones de rechazo.
“El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará”, dijo el portavoz presidencial Manuel Adorni en una rueda de prensa celebrada el jueves.
La protesta va dirigida en contra de un decreto presidencial que contempla la derogación o modificación de más de 300 leyes para desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado y que habilita profundos cambios en materia laboral, así como en rechazo de un amplio proyecto de ley con reformas en el ámbito político, social, fiscal y de seguridad, entre otros.
La CGT y otras centrales sindicales y organizaciones sociales izquierdistas que se sumarán a la protesta sostienen que el gobierno pretende amedrentar a los trabajadores y “criminalizar” la protesta social.
Cornejo, el libertario
En la misma sintonía al gobierno de Javier Milei, el gobernador radical Alfredo Cornejo, supuestamente opositor al gobierno libertario, aprieta a los trabajadores violando la Constitución Nacional y sostuvo que descontará el día a los estatales mendocinos que se adhieran al paro convocado a nivel nacional para el 24 de enero. Esta postura del Ejecutivo no es la primera vez que se aplicará, desde la anterior gestión del radical se vienen descontando los días no trabajados por medidas de fuerza.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, confirmó al Diario UNO que no se pagarán las horas no trabajadas por los empleados estatales y aseguró: «Los servicios en Mendoza se van a prestar con normalidad».
La medida de fuerza, prevista a partir de las 12, implicará la afectación de servicios en Mendoza, según lo confirmó este jueves la Confederación General del Trabajo (CGT) a la que se plegarán los gremios Aprocam (Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza), la Unión Obrera Mendocina (UOM), Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), entre otros.
En el caso del transporte público, Sipemom -el gremio que representa a los choferes de micros- aún no dio a conocer la modalidad que adoptarán sus empleados.
En las reparticiones del Estado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya anticipó que se sumarán a la acción del próximo miércoles, aunque deberán garantizar las guardias mínimas en los hospitales por ejemplo.
Si Milei y Cornejo descuentan el día de paro a las y los estatales, estarán pasando por encima de la Constitución Nacional. También estarán violando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vigente desde 1966. Y a la vez estarán desconociendo las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a las que adhiere el Estado argentino.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina dice expresamente que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática”.
El 14 bis obliga al Estado a garantizar a los gremios, entre otras cuestiones, “el derecho de huelga”. Esto implica que a ningún trabajador o trabajadora que esté bajo la órbita de un sindicato o federación se le deben modificar sus condiciones laborales por el simple hecho de adherirse a un paro convocado por el gremio que lo incluye. Sin embargo, el Gobierno asegura que modificará esas condiciones, a través de la reducción del ingreso regular (descontando el día) de quien se “atreva” a parar. Una ilegalidad por donde se la mire.
También son parte de la Constitución los tratados y convenciones internacionales a los que Argentina adscribe desde hace décadas. Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por la ONU en 1966 y con rango constitucional en Argentina desde 1994. En su artículo 8, ese texto dice que los Estados parte “se comprometen a garantizar (…) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley”, entre ellas, lógicamente, la que garantiza el derecho de huelga.
El Estado argentino también adhiere al Convenio 87 de la OIT, que en su artículo 3 ordena “abstenerse” a los gobiernos “de toda intervención que tienda a limitar” el derecho de huelga, contando éste como parte de la serie de derechos elementales de toda organización de trabajadores”. Claramente, la amenaza de descontar el día de paro a las y los empleados de la administración pública nacional es un desconocimiento flagrante a esa normativa reconocida a nivel mundial.
Ante lo escandaloso de un Decreto de Necesidad y Urgencia y de un proyecto de Ley Ómnibus que pretenden modificar de un plumazo y sin debate público varias conquistas laborales y sociales para imponer un saqueo en línea sobre la población en beneficio de un grupo de corporaciones; que el Gobierno quiera descontar un día de salario a los estatales parece algo menor. Pero su relevancia radica en que si ese ataque “pasa” en el Estado, las patronales privadas se verán habilitadas para dar sus propios golpes a millones de trabajadores. Y otro tanto podrían hacer los gobernadores e intendentes con los planteles de los distritos que manejan.
Gentileza de Bien Cuyano
