La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción final al proyecto del Poder Ejecutivo que establece un marco integral para la prevención, gestión y respuesta frente a incidentes de ciberseguridad. La iniciativa, busca garantizar la continuidad de los servicios públicos digitales, proteger los datos personales y resguardar la infraestructura crítica provincial.
Se pretende así, establecer un marco integral para la gestión del riesgo, la ejecución operativa, la fiscalización técnica y el control de la ciberseguridad en Mendoza.
El proyecto, que fue aprobado por 30 votos positivos, contra 12 negativos de los bloques del PJ, FP y LUM, parte de la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado frente al crecimiento de los ataques informáticos y las amenazas que pueden afectar sistemas esenciales. En ese sentido, plantea una política de Estado destinada a asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, continuidad y resiliencia de los servicios públicos digitales, al tiempo que busca proteger los datos personales y reducir el riesgo sistémico digital.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la protección de la infraestructura digital crítica provincial, entendida como aquellos sistemas y servicios cuya interrupción podría generar un impacto significativo en el funcionamiento del Estado y en la prestación de servicios esenciales. El proyecto contempla especialmente áreas como salud, educación, seguridad pública, justicia, hacienda, identidad digital e interoperabilidad administrativa.
Además, entre sus principios rectores se encuentra el control de daños, lo que implica que ante incidentes de ciberseguridad deberán adoptarse medidas oportunas para evitar su propagación, escalamiento o impacto sobre otros organismos, sistemas o servicios; así como la coordinación institucional entre los organismos alcanzados, y la responsabilidad compartida, en el sentido que cada organismo será responsable de la seguridad de sus datos, activos, sistemas y servicios, dentro del marco rector establecido por la presente ley.
Una estructura específica para prevenir y responder ante ataques
Entre las principales herramientas que contempla se encuentra la creación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad – CCEC -, que funcionará como autoridad de aplicación y tendrá entre sus responsabilidades la elaboración del Plan Provincial de Ciberseguridad que contenga la política provincial en la materia.
A su vez, prevé una autoridad especializada para la ejecución operativa de las medidas de prevención, monitoreo y respuesta, y establece una separación entre las funciones de conducción, ejecución y fiscalización, con el objetivo de fortalecer los controles y generar responsabilidades específicas dentro de la estructura estatal.
Asimismo, destaca que la provincia contará con capacidades de Centro de Operaciones de Seguridad, destinado al monitoreo permanente y la detección temprana de amenazas, y de Equipo de Respuesta ante Incidentes, que tendrá a su cargo intervenir frente a ataques y vulnerabilidades para mitigar sus efectos y contribuir a la recuperación de los sistemas afectados.
De igual forma, se establece un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad, que permitirá centralizar información sobre los ataques registrados, analizar vulnerabilidades, medir tiempos de respuesta, asegurar la trazabilidad, y elaborar estadísticas que sirvan para mejorar las políticas de prevención y protección.
“La información contenida en dicho registro tendrá carácter reservado cuando su divulgación pudiera comprometer la seguridad de sistemas, datos, servicios o infraestructura digital del Estado provincial”, señala el articulado.
Protección de datos y obligaciones para proveedores
Otro de los aspectos centrales es la incorporación de un régimen integral de gobernanza de datos, con el objetivo de proteger la información pública y ciudadana durante todo su ciclo de vida: desde su generación y almacenamiento hasta su intercambio, archivo y eliminación.
La normativa tendrá alcance sobre los tres poderes del Estado provincial y también establecerá obligaciones para empresas y proveedores que presten servicios digitales, infraestructura tecnológica, conectividad, software o almacenamiento al Estado, quienes deberán comunicar las vulnerabilidades o incidentes que puedan comprometer los sistemas provinciales.
El proyecto incorpora además un Programa de Divulgación Responsable, que deberá contemplar entre otros puntos, un canal de recepción de reportes de vulnerabilidades, de acceso público y gratuito. No obstante, “tendrá carácter reservado, los informes técnicos, reportes de incidentes, matrices de riesgo, planes de continuidad, planes de recuperación, planes de mitigación, configuraciones, registros técnicos, evidencias digitales, indicadores de compromiso, detalles de vulnerabilidades, arquitecturas de seguridad y demás información cuya divulgación pudiera comprometer la seguridad de los sistemas, datos, servicios o infraestructura digital del estado provincial”.
La iniciativa no se limita a la respuesta frente a los ataques, sino que incorpora acciones de prevención, capacitación y concientización. En este sentido, prevé campañas de alfabetización digital, destinadas a organismos públicos, sector privado y ciudadanía, orientadas a promover prácticas seguras para el cuidado de datos personales, credenciales y cuentas digitales, así como a prevenir delitos como el robo de identidad.
También establece estándares mínimos de seguridad y prevé un régimen progresivo de sanciones para organismos o proveedores que incumplan las obligaciones establecidas, especialmente ante el ocultamiento de incidentes que puedan afectar servicios públicos o información sensible.
Uno de los conceptos que atraviesa la propuesta es el de resiliencia, entendido como la capacidad de los sistemas públicos no solamente para prevenir y resistir un ataque, sino también para mantener la continuidad de los servicios y recuperarse rápidamente ante un incidente.
Finalmente, contempla modificaciones a la Ley de Administración Financiera para agilizar la contratación y actualización de herramientas tecnológicas específicamente destinadas a este fin y a la protección de la información estratégica del Estado.
La titular de la Comisión de Legislación, Beatriz Martínez (UCR), destacó que se trata del primer proyecto de ciberseguridad en nuestro país, lo que significa que “pone a Mendoza a la vanguardia a nivel nacional”.
Asimismo expresó que “lo que se tiene en cuenta es que la seguridad excede únicamente el mundo físico y las fronteras físicas, sino que hoy se encuentra también en el ciberespacio donde todos sabemos que también se constituyen delitos, se vulneran infraestructuras, se atacan los sistemas y también la información y los datos sensibles de la ciudadanía”.
Señaló que Mendoza trabaja hace años en esta temática, y que busca transformar a través de esta norma, la ciberseguridad en una política de Estado. En ese sentido subrayó que “no es una política de seguridad aislada, sino que forma parte de una estrategia de seguridad pública que viene llevando adelante el gobierno provincial”, para lo cual, se han puesto en funcionamiento fiscalías especializadas, y se ha avanzado en herramientas procesales como por ejemplo, “la del agente encubierto y el allanamiento digital”.
En esta línea, sostuvo que “hay una valiosa inversión en infraestructura tecnológica, en el Laboratorio de Huellas Genéticas, la identificación balística, la inteligencia artificial que está aplicada también a los sistemas de videovigilancia de la provincia, los controles biométricos dactilares, los sistemas de análisis predictivos y se ha profesionalizado a nuestras fuerzas de seguridad en la temática”.
También remarcó que “no solo es una ley que presente el Poder Ejecutivo, sino que es una norma que ha sido nutrida con los aportes de la universidad, de la academia, de técnicos y especialistas también en ciberseguridad que han aportado para el resultado de esta norma”.
Por su parte, Lucas Ilardo (FP), afirmó que “es un proyecto necesario, pero no es urgente”, ante la realidad de Mendoza en materia de seguridad. En su opinión, no se pone el foco en la ciberseguridad ciudadana sino que “busca cuidar la infraestructura digital del Estado”. Asimismo, señaló que el proyecto tiene problemas técnicos y no se han escuchado muchos aportes realizados por los distintos bloques.
Afirmó que no se puede apoyar el plan general, sin conocer cómo será la reglamentación, que a su entender “no queda clara”, y añadió que “se podría hacer una ley mejor”, porque así, por ejemplo, “en ningún momento la Ley establece la responsabilidad por la filtración de datos. Debería estar escrito el grado de responsabilidad y quién responde en esos casos
Tampoco establece la obligatoriedad de avisarle al damnificado y proteger sus derechos”.
De igual manera se expresó Germán Gómez, quien señaló que es una ley muy importante que necesita más análisis para dar “un marco jurídico seguro”. “La ley debería mínimamente tener un debate mucho más profundo, porque es una ley que genera un marco regulatorio y ese marco regulatorio más allá de las injerencias, constitución de autoridades, debe tener una premisa fundamental que la preservación, el cuidado de la información y de los datos ultra sensible que va a manejar”, afirmó.
Además, alegó que presenta falencias y contradicciones, dejando aspectos importantes a la discreción del Ejecutivo Provincial, como la composición del comité de ciberseguridad que a su entender, “es ambigua”.
Por su parte, César Cattaneo (UCR), subrayó que el proyecto busca conectar todas las herramientas en materia de seguridad, como biometría, cámaras, mapas del delito, evidencia digital y bases de datos, aprovechando la capacidad existente de investigación criminal y tecnología aplicada a la seguridad.
Sobre ese punto, destacó que forma parte de las medidas que está tomando el gobierno provincial, quien realizó en 2025, “la mayor inversión en seguridad de los últimos veinte años, destinando veintidós mil millones de pesos a equipamiento. Se incorporaron trescientos cuarenta y cuatro efectivos, doscientos veintiséis patrulleros, tres mil chalecos antibalas y ciento treinta dispositivos TASER”.
Asimismo, remarcó que “la tecnología ha permitido un millón seiscientas identificaciones biométricas en la calle, resultando en cinco mil detenciones de personas con causas pendientes; como el reconocimiento de patentes recuperó setenta y dos vehículos, y el reconocimiento facial detuvo a seis personas”.
En esta línea, afirmó que “cuando hablamos de seguridad no solo hablamos de computadoras, policías y patrulleros sino de la capacidad del Estado para anticiparse al delito, garantizar que los servicios esenciales nunca se corten y cuidar los datos sensibles de los mendocinos”.
Por redacción
