La reciente difusión de una noticia falsa en un programa de stream del Canal Luzzu, donde se afirmó erróneamente que había fallecido Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una fuerte repercusión pública y una rápida condena mediática. Sin embargo, el episodio deja al descubierto una contradicción que merece una reflexión más profunda: la hipocresía de gran parte de los medios de comunicación que hoy se escandalizan por este error mientras diariamente reproducen informaciones falsas, inexactas o tendenciosas que afectan a miles de personas anónimas que jamás reciben reparación alguna. La indignación generalizada parece activarse únicamente cuando la víctima pertenece a una familia famosa. Pero las noticias falsas, los errores periodísticos y las coberturas irresponsables tienen una larga historia en Argentina.
Uno de los casos más emblemáticos fue la cobertura de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002. Diversos medios reprodujeron versiones oficiales que responsabilizaban a los propios manifestantes por los hechos, contribuyendo a construir un relato falso que luego fue desmentido por las pruebas fotográficas y judiciales. El daño ya estaba hecho. Por ello, resulta razonable que existan consecuencias para quienes participaron en la difusión de la falsa noticia sobre Jorge Messi. Si Florencia Peña cometió un error profesional, corresponde asumir responsabilidades. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre la conductora. También debe analizarse el papel del equipo de producción que suministró la información y, especialmente, de los responsables empresariales y editoriales del medio.
La comunicación profesional no es una actividad individual sino colectiva. Los medios deben contar con protocolos de verificación, mecanismos de chequeo de fuentes y códigos de ética claramente establecidos. Del mismo modo que los profesionales de la salud se encuentran regulados por normas éticas y deontológicas debido al impacto que sus decisiones tienen sobre la vida de las personas, periodistas, productores y conductores deberían desempeñar su labor guiados por principios similares. La información puede generar daños económicos, sociales, familiares, políticos y psicológicos de enorme magnitud. Más allá del caso puntual, existe una discusión de fondo que los grandes medios prefieren evitar porque afecta directamente sus intereses económicos: la necesidad de debatir marcos regulatorios específicos para sancionar la mala praxis informativa.
No se trata de censura ni de limitar la libertad de expresión. Se trata de establecer mecanismos de responsabilidad cuando la actividad periodística se ejerce de manera negligente, irresponsable o deliberadamente orientada a la desinformación. Todos los días distintos sectores sociales son criminalizados, estigmatizados o acusados a partir de informaciones falsas o insuficientemente verificadas. Cuando las víctimas son personas comunes, rara vez reciben rectificaciones con la misma visibilidad que tuvo la noticia mencionada. En muchos casos, el daño permanece para siempre. Cada vez que se intentan discutir mecanismos regulatorios, los grandes conglomerados mediáticos reaccionan denunciando supuestos ataques a la libertad de expresión. Sin embargo, muchas de estas empresas no son únicamente medios de comunicación: poseen inversiones y participación en múltiples sectores económicos. Esta situación genera potenciales conflictos de interés que pueden influir en la selección, el tratamiento o el silenciamiento de determinadas noticias. La libertad de expresión constituye un pilar fundamental de toda democracia. Pero no puede existir libertad sin responsabilidad. Cuando la búsqueda de audiencia, rentabilidad o espectacularización desplaza la obligación de informar con rigor, la actividad deja de cumplir una función social y comienza a generar daños concretos sobre ciudadanos y ciudadanas. Por eso, el verdadero debate no debería limitarse al error o irrresponsabilidad cometida en un programa de streaming. La discusión central es cómo construir un sistema de comunicación más responsable, más transparente y más comprometido con el derecho de la sociedad a recibir información verificada. Mientras esa conversación siga siendo evitada por quienes concentran el poder mediático, seguiremos discutiendo casos aislados sin abordar las causas estructurales que los hacen posibles.
Gentileza de German Herrera
Sociólogo – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo
Docente de Contextos Socioculturales, Ética, Responsabilidad Social y Sustentabilidad,
Comunicación y Cultura Organizacional e Innovación y Creatividad Instituto Universitario de Ciencias Empresariales-
Coordinador del Área de Ciencias Sociales – IUCE
