Tadeo García Zalazar fue confirmado como titular de la DGE. Por qué es uno de los cargos que la Constitución de Mendoza protege de manera especial.
Ante la designación de Tadeo Gracia Zalazar para ocupar el cargo de Director General de Escuelas, sería interesante recordar algunas notas que resaltan la histórica institucionalidad de Mendoza.
La primera constitución provincial (1854)
Las constituciones provinciales de Mendoza siempre ponderaron el papel de la educación, y ese hecho, en ocasiones críticas de la historia provincial fue una herramienta política que actuó favorablemente para encontrar alternativas superadoras.
Un ejemplo cabal, como lamentable, fue el terremoto de 1861. Aquella ciudad quedó enterrada para siempre, mientras el sector dirigente absolutamente diezmado por muertes y renuncias. Las familias abandonaron la ciudad destruida en busca de lugares más seguros y la desorientación fue notoria ante la catástrofe. El sistema educativo oficial no funcionó durante dos años. Es decir, durante los años 1861 y 1862, no se dictó instrucción pública oficial en casi toda la provincia. Las pocas escuelas que existían se cayeron, y los escasos colegios que se mantuvieron en pie fueron utilizados como hospedajes u hospitales de campaña.
Un hecho institucional ayudó ante la dura circunstancia. Mendoza había sancionado su nueva Constitución en noviembre de 1854. Dicha constitución estableció algo novedoso sobre las autonomías municipales. El “Capítulo Séptimo: Sobre el Poder Municipal”, dispuso que las escuelas primarias estarían bajo la tutela directa de los municipios y estableció que la administración de los fondos de la instrucción pública correría por cuenta de cada municipalidad. La circunstancia hizo que algunas escuelas departamentales se mantuvieran abiertas al haber sido menos traumático el sismo que en el centro capitalino. Mientras tanto la administración central, acorde a un postulado constitucional, priorizó un plan de reordenamiento territorial provincial por el cual, todo nuevo desarrollo urbano contemplaba la creación de escuelas, mientras que todos los fondos recibidos en calidad de donaciones nacionales e internacionales deberían prioritariamente ser direccionados a la educación. Lo ordenaba la Constitución.
Mendoza tras la debacle de 1861 quedó devastada. Sumergida en un caos. La ciudad quedó hecha una montaña de adobes en solo minutos, muriendo 4.247 personas con más de 1.000 heridos entre una población estimada de 11.500 vecinos. Había que empezar de nuevo.
La inteligencia del sector dirigente de Mendoza, amparado en el mandato constitucional, encontró en la educación la puerta para volver a ponerse de pie. El Gobernador Carlos González Pinto (1863 – 1865) recibió una partida de $11.500 de la Comisión Filantrópica de Buenos Aires que destinó totalmente a la construcción de 23 escuelas, contando con la unánime adhesión de los legisladores mendocinos. También la provincia de Entre Ríos aportó $12.000, más estímulos recibidos de otras provincias y de países como Chile y Perú. Todo se sumaba al decreto del 19 de abril de 1864 que había dispuesto el surgimiento de las “Escuelas Fiscales”. Ya en 1865, se abrieron 34 nuevas escuelas oficiales y 6 particulares. Todo eso a solo 4 años del terremoto.
La política educativa como política emancipadora
Siempre es bueno recordar que aquella sufrida generación nacida en tiempos del terremoto de 1861 fue la que, no solo puso en marcha nuevamente a Mendoza, en pocas décadas, la ubicó en un pedestal.
Primordial relevancia ante la hecatombe fue haber apostado a la educación como política de estado en tiempos de destrucción. Esa “generación” de pibes que nacieron en la crisis del terremoto tuvieron una sola “obligación” ante la tragedia: ir a la escuela.
Por ese 1861: Emilio Civit tenía 5 años, José Néstor Lencinas tenía 2 años, Olaya Pescara Maure 5, Rufino Ortega (h) 11, Manuel Bermejo 10, los mellizos Jacinto y Agustín Álvarez tenían 4, Julio Leónidas Aguirre solo 2, Abel Biritos 11, Conrado Céspedes 2, Francisco Álvarez tenía 7, María Mercedes Day tenía 2 años (será la mamá de Frank Romero Day), Isaac Godoy 10, Adolfo Calle tenía 7, Pedro Julián Ortiz 5. Quien fuera un distinguido médico: Adolfo Puebla tenía 9, Silvano Rodríguez (futuro gran intendente de la Capital) había nacido a meses del terremoto, Francisco Borja Ozamis tenía 6, Juan Eugenio Serú 11, Rosa González (la futura esposa de Roque Sáenz Peña) tenía 10, Guillermo Villanueva 11, Francisco Julio Moyano nació días después del terremoto y José Vicente Zapata recién cumplía 10 años en marzo de 1861.
Los mocosos
Esa generación de “mocosos” del terremoto, renació desde los escombros. Se repusieron ante el empuje de los familiares que habían quedado vivos, quienes confiaron en la educación y en la importancia del cuidado de las infancias para poder construir una Mendoza nueva. Esos pibes fueron los primeros “hijos de la educación pública” mendocina.
Paralelamente, en las escuelas mendocinas (como acción excepcional ante la catástrofe) se recibieron chicos de meses que habían perdido sus padres, sembrando un antecedente de los actuales S.E.O.S. (Servicios Educativos de Origen Social) de la DGE bajo un sistema de tutores voluntarios. La importancia del tema educativo posterior al trauma del terremoto se siguió manifestando: el gobernador Nicolás Villanueva (1867 – 1870), para ejercer un mejor control y supervisión sobre los establecimientos educativos creó en 1867 el “Departamento General de Escuela”, y en 1872 su primo Arístides Villanueva (también gobernador) impulsó la “Superintendencia General de Escuelas” nombrando como primer secretario a Daniel Videla Correas. Además, se constituyeron las “Comisiones Escolares de Distrito”, un antecedente directo de los actuales Consejos Municipales de Educación y de las Delegaciones Regionales de DGE. Pero como si todo lo resaltado fuera poco, se dictó la Ley Orgánica de Enseñanza Primaria, que contempló la obligatoriedad para los varones entre 7 y 12 años y para las niñas entre 6 y 13 años, antes aún, que la vanguardista Ley Nacional de Educación N° 1420 (1884).
La Constitución de 1916, la postulación del Director General de Escuelas y “los tres gobernadores”
Desde aquella constitución mendocina de 1854 se sucedieron las reformas de 1894/5, 1900, 1910, 1916 y la de 1948/9 (que quedó sin vigencia).
Es muy referencial la Constitución de 1916. Hoy sigue vigente y nos ubicará frente a un hecho institucional de enorme importancia: la “Audiencia Pública” de Tadeo García Zalazar, ante la postulación del Gobernador Cornejo, para ocupar el cargo de Director General de Escuelas de Mendoza. Aquellos constituyentes de 1916 consideraron imperioso investir para determinados cargos públicos a personas que ostentaran probada idoneidad profesional y calificados méritos disciplinares y éticos.
Ese mandato histórico, tan arraigado en la cultura social e institucional de Mendoza exige, inexorablemente, exponerse a una audiencia pública, convocada por el Presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. En esa audiencia “el postulado” deberá explicar ante la ciudadanía el programa y lineamientos educativos proyectados. Seguramente recibirá adhesiones y sugerencias, pero además las advertencias, criticas o impugnaciones de aquellos ciudadanos que plantearán esquemas de acción distintos al gobierno de turno o al posicionamiento ideológico de sus postulados, para luego someterse ante la totalidad de los senadores a una votación que aceptará o rechazará la propuesta.
Tamaño hecho institucional no debería pasar inadvertido, pues realza el sistema político mendocino y sus componentes, depositando en el Honorable Senado de Mendoza, nada más y nada menos, que la designación de quien conducirá los destinos de más 500.000 estudiantes, 60.000 docentes, 10.000 administrativos y personal de maestranza, además de las 2.100 escuelas mendocinas que funcionan en los 1.354 edificios escolares, de todos los niveles del sistema educativo para su gestión estatal y privada.
Esto ha sido siempre así, salvo desagradables excepciones. Pero además le otorgará al nominado la responsabilidad de la superintendencia del sistema educativo, velando por la correcta dirección en su faz pedagógica y administrativa. “La dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, la inspección y vigilancia de la enseñanza común y especial” (CP de 1916 / Sección VIII Art. 212 Inciso 2). Ese hecho inédito confiere al designado el simbólico título de “Gobernador de las escuelas y la educación”.
En paralelo, ahondando en una digresión, me parece oportuno citar que igual suerte constitucional deberá correr el Superintendente del Departamento General de Irrigación, el “Gobernador del agua”. Ambos propuestos por el “Gobernador político” de la provincia, rector del poder ejecutivo emanado del voto ciudadano. Aclaremos que en Mendoza nuevas enmiendas hicieron que otros cargos provinciales también deban sortear este paso institucional. Por ejemplo, el director de OSEP (creada en 1953).
Un dato faltaría agregar a lo ya expuesto. Entre aquellos tantos pibes que padecieron el crítico terremoto de 1861 estaba Julián Barraquero (“el Alberdi mendocino”). Por ese 1861, Barraquero, tenía 5 años. Su familia perdió todo, pero en sus memorias declarará que la educación lo salvó. Fue otro de los “hijos de la educación pública”. A la postre, será el artífice fundamental de la Constitución de 1916, donde queda muy claro la importancia que el gobierno mendocino presta a la educación y al agua, ambas áreas, imprescindibles para transformar el desierto en un oasis cultural y productivo.
Tadeo García Zalazar
Mendoza está llena de particularidades que resguardaron siempre su institucionalidad. Algunas se han mostrado recientemente. Por ejemplo: en Mendoza no hay reelecciones de gobernador, existe “la boleta única”, no pueden ser candidatos los que se encuentran con un proceso judicial en curso (“ficha limpia”), las reelecciones de intendentes no son indefinidas, la justicia puede juzgar independientemente las impericias o delitos de los funcionarios llegando hasta las últimas consecuencias, existe la “extinción de dominio”, etc.
Un nuevo dato se presenta ante nosotros. El gobernador Alfredo Cornejo envió al Honorable Senado de la Provincia el pliego correspondiente, postulando a Tadeo García Zalazar como Director General de Escuelas. Ese paso es institucionalmente impostergable. Indefectiblemente el titular del organismo educativo tuvo que contar con el aval mayoritario de los senadores provinciales. Fue el órgano plural legislativo, quien haciendo uso de sus plenas funciones, y siendo insustituibles intermediarios entre los representantes y representados, escuchó las voces ciudadanas para determinar la aprobación del ex-intendente de Godoy Cruz.
Pero más allá de la postulación de Tadeo García Zalazar para ocupar el cargo de Director General de Escuelas, y sin reparar en las cualidades del postulante como gestor educativo (politólogo, mejor promedio de su carrera de grado, maestro de inglés, licenciado, docente universitario, secretario de ambiente municipal, legislador provincial, presidente de la Comisión de Educación de diputados, militante frente al cambio climático y en dos oportunidades intendente de Godoy Cruz) para conducir ese espacio tan representativo, me pareció importante resaltar ese hecho relevante que concede enorme legitimación y trasparencia, no solo al postulado, sino también al sistema institucional mendocino.
Volviendo a las instituciones
Volviendo al tema institucional, no hay mucho que agregar. Sí, resaltar algo fundamental: en Mendoza se cumple la ley. La postulación de García Zalazar contó con 2.511 adhesiones y 31 impugnaciones. Fue sometido a una Audiencia Pública. Recibió conceptuosos elogios y fue advertido con contundencia, y constructivamente. Le acercaron sugerencias. Los senadores expusieron sus posiciones y sus interrogantes. Coincidieron o discreparon. Y luego tuvo la palabra García Zalazar. “Soy un hijo de la educación pública”, comenzó exponiendo. “En ella transcurrió mi formación inicial, primaria, secundaria y universitaria”, dijo ante la audiencia.
Otras notas que no pasaron inadvertidas: “el rol docente es fundamental”, sostuvo con énfasis. Citó a Margarita Malharro de Torres como una referencia educativa y social siempre vigente. Descartó un ajuste. Perfiló un programa ministerial de indisoluble interacción entre cultura y educación. Abordó su visión del proceso educativo, imprescindiblemente, desde la infancia. Apoyado en su experiencia docente y política destacó la relevancia de la articulación territorial entre municipios y la gestión provincial. “La tecnocracia estará absolutamente subordinada y al servicio de la educación, la cultura y las infancias, teniendo a su alcance herramientas directas que antes no tenía”, expresó.
En tiempos duros, los desafíos son cada vez más exigentes y las urgencias más latentes. “La educación es la columna vertebral de la organización del Estado”, fueron palabras de García Zalazar. Contundente. Elegimos creer. La esperanza y honrar la palabra siempre fue y será un atributo de “los hijos de la educación pública”.
Gentileza del Prof. Gustavo Capone
