Recientemente se oficializó –a través del Boletín Oficial del 12 de junio de 2025– un acuerdo bilateral entre Argentina e Israel que permite a ciudadanos israelíes residentes en nuestro país acceder a beneficios del sistema previsional: jubilaciones, pensiones por fallecimiento, asignaciones por invalidez, maternidad y discapacidad. Es importante decir que el convenio rige desde el 1 de mayo de 2024 y fue firmado en febrero de 2024, aunque recién se reglamentó ahora, durante el gobierno de Milei.
Pero aquí surge la pregunta: ¿cómo justificar recursos públicos para residentes de un país extranjero mientras se niega asistencia a la propia ciudadanía? El Gobierno de Javier Milei ha congelado jubilaciones, rechazado moratorias previsionales, rechazado declarar la emergencia en discapacidad y negado ayuda a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca, pese a que esas medidas fueron aprobadas en el Congreso con apoyo de todas las fuerzas políticas, incluida, en algunos casos, la propia fuerza política del Presidente.
El escenario es devastador para las personas mayores y las personas con discapacidad: sin aumento jubilatorio, sin reconocimiento de moratoria, sin emergencia en discapacidad. Y, sin embargo, se asignan recursos para un convenio con Israel –una nación actualmente involucrada en lo que múltiples organismos e informes califican como genocidio contra el pueblo palestino– mientras en Argentina empeoran sistemáticamente las condiciones de vida de la mayoría de la población.
El sólo hecho de desviar recursos nacionales para beneficiar a un Estado extranjero ya de por sí es grave, pero esta decisión es mucho peor si se tiene en cuenta las características y las acciones desarrolladas en el último tiempo por el Estado al cual se están desviando dichos recursos. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el presente, más de 55.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza; más de 127.000 heridos, y la mayoría, claramente civiles. Ya las cifras superan los 57.000 fallecidos según otras organizaciones. De ellos, un 70 % son mujeres y niños. Para dimensionar: 14.500 niños abatidos ya habían sido confirmados para abril de 2024. Los bombardeos continúan con decenas de muertos en cada ataque y con hospitales y zonas civiles repetidamente impactados.
Es alarmante y urgente recalcar: se destinan fondos públicos para garantizar cobertura previsional a ciudadanos israelíes, pero no hay fondos para sostener el ingreso básico de adultos mayores, personas en situación de discapacidad, madres solas o enfermas. Una prioridad que marca a las claras los intereses que defiende Milei, contrarios a los de la población argentina.
En este sentido, cabe preguntarse qué implicancias penales podría tener una decisión de esta magnitud. Una pregunta que resulta ser más un ejercicio reflexivo, que una posibilidad real, ya que, como bien sabemos, el Poder Judicial mira para otro lado cuando se trata de investigar hechos como los mencionados en la presente nota.
El Código Penal argentino contempla el delito de “Traición a la Patria” (art. 214), castigado con prisión de 10 a 25 años o perpetua. La doctrina penal destaca que esta figura se configura cuando un funcionario público favorece a intereses extranjeros en perjuicio del propio Estado y sociedad.
Argentina exhibe una prioridad asistencial perversa: recortes a jubilados y personas vulnerables, pero apertura de recursos para un Estado involucrado en crímenes de lesa humanidad.
El proyecto de Milei es desguazar el Estado argentino, entregar los recursos naturales de nuestra tierra a potencias extranjeras, precarizar las condiciones de vida de la mayoría de nuestra población, fragmentar y atomizar nuestro territorio y, de esta manera, destruir nuestra soberanía en función de intereses extranjeros. Esto ya no es una suposición o interpretación. Es un hecho confirmado en cada acción, en cada decisión y en cada discurso desarrollado por Milei.
Gentileza: Germán Herrera
